El "toque de queda" en Quito decretado por el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, cuando arreciaban las protestas en la capital, puso en jaque la posibilidad del diálogo que enunció el movimiento indígena para buscar soluciones a la crisis social desatada por unos ajustes económicos del régimen.

El mandatario aseguró que su decisión de aplicar un "toque de queda" buscaba "restablecer el orden en todo el país", especialmente en Quito, que desde hace diez días se ha convertido en el principal escenario de manifestaciones contra la subida del precio de los combustibles, parte de un plan crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias" para restablecer el orden, aseguró Moreno en un mensaje televisado al país, en el que también felicitó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) por haber aceptado su invitación a dialogar.

Moreno, como ya ha hecho en otras ocasiones, denunció que detrás de las protestas había grupos vandálicos e identificó, sobre todo, a seguidores del expresidente Rafael Correa, su antecesor y acérrimo rival político, al que culpa de los intentos de supuesta desestabilización de su Gobierno.

El vandalismo, añadió, proviene de "los traficantes, los narcotraficantes, Latin King (pandilla), criminales y correístas", pero dijo que "ventajosamente" los campesinos que protestan contra su Gobierno ya han "detectado" a esos grupos y los están separando de sus filas.

La Conaie, cuya dirigencia analiza la situación, ha pedido a las Fuerzas Armadas que medien en este conflicto ya que, a juicio de unos de sus máximos dirigentes, Leonidas Iza, el Gobierno parece haber perdido el control de la situación.

Con las Fuerzas Armadas "queremos conversar para que se garantice la intermediación para resolver este conflicto", añadió Iza en declaraciones reproducidas por un canal de televisión.

Esa intermediación, prosiguió el líder indígena, busca "garantizar la paz, para garantizar el orden constitucional porque se ha salido de las decisiones del Presidente de la República", remarcó.

Y es que miles de indígenas que han permanecido estos días en Quito, tras el decreto de "toque de queda", tuvieron que refugiarse en el Agora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el centro de Quito, así como en algunos centros universitarios cuyos predios habían sido cedidos para cogerlos.

Mientras el grueso del colectivo indígena se replegaba, algunos grupos de manifestantes encapuchados, que aún pululaban por la ciudad generaron nuevos desmanes contra las instalaciones del canal Teleamazonas y del diario El Comercio.

Además, varios contingentes de policías tomaban el control de la situación en las calles que habían sido ocupadas horas antes por los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (Parlamento) y de la Contraloría General del Estado, que fue atacado por encapuchados.

La Ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, en su cuenta de Twitter informó de la detención de unas treinta personas relacionadas con el ataque a la Contraloría.

Luego de la declaración del "toque de queda" en el distrito metropolitano de Quito, se anunciaron brotes de protesta en otras ciudades como la costera de Guayaquil, aunque sin llegar a la trascendencia de las movilizaciones en la capital, donde hoy libraron auténticas batallas manifestantes y fuerzas del orden.

A propósito, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de división Roque Moreira, aclaró que tanto el "toque de queda" en Quito como la restricción a la movilidad en el país, declarada el pasado jueves, se han establecido en el marco de un estado de excepción definido desde el pasado lunes.

Esa situación, según Moreira, permite a las fuerzas del orden efectuar acciones de control en espacios públicos, lugares de asociación y reunión, así como hacer un registro a personas y vehículos.

Además, todo acto de "violencia, delincuencia, vandalismo y terrorismo en contra de bienes públicos y privados, así como la integridad de las personas, conlleva la aprehensión de los responsables que serán puestos a órdenes de las autoridades competentes" para que sena sometidos a las acciones de ley, añadió el jefe militar.

EFE constató que las primeras fuerzas militares recorrían esta tarde las principales avenidas en busca de manifestantes y piquites, pertrechadas con armas y mascaras antigás.

La ola de protestas, la peor que vive el país en años y comenzó hace diez días, han muerto entre 4 y 5 personas y más de 850 resultaron heridas.

EFE